Por Marcela Torres Acuña, presidenta Nacional de AFUNPRO.
La incorporación de la mujer en las políticas públicas -y en el ámbito público en general- ha sido un proceso lento, pero de gran desarrollo en los últimos 30 años. Por otro lado, la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas constituye un mandato gubernamental hacia los organismos del Estado. Sólo es a partir de la década de 1990 que comienzan a incorporase políticas de género como un compromiso del Estado chileno (Perspectiva de Género en las Políticas Públicas). Relevante es -en dicha década- la ratificación por parte de Chile, de instrumentos que responden a compromisos en el ámbito internacional de los Derechos Humanos, tales como: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1979, y que es actualmente el principal instrumento jurídico internacional relativo a los derechos de las mujeres, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belem do Pará (1994), cuyos objetivos son eliminar toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres y promover la participación pública de las mismas como agentes relevantes en la toma de decisiones.
En nuestro país, estas políticas están radicadas y son lideradas por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, secretaría de Estado encargada de colaborar con la Presidencia de la República en el diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados a promover la equidad de género y la igualdad de derechos, y de procurar la eliminación de toda forma de discriminación arbitraria en contra de las mujeres[1], teniendo dentro de sus funciones, entre otras, incentivar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión y en las organizaciones sociales y políticas.
No obstante estos avances, sigue siendo preocupante la baja participación femenina en la vida política y pública, dados los obstáculos estructurales y los estereotipos discriminatorios relacionados con la participación de las mujeres en dicho ámbito. En efecto, aún se las sigue excluyendo de los puestos de toma de decisión, en particular en los partidos políticos, en el poder judicial y en los círculos académicos. Aquí es importante la labor de la familia, de las escuelas y colegios, los que deben incorporar -entre sus planes educativos- los temas cívicos, invitando a reflexionar al alumnado sobre la importancia de la participación de la mujer y el acceso al conocimiento cívico.
Los cambios de paradigmas asociados a género también se vinculan a la implementación de transformaciones en la legislación, que en nuestro caso se han centrado particularmente en lo laboral (Ley de Igualdad de Remuneraciones, por ejemplo), lo que circunscribe el éxito de las políticas públicas tan sólo a un área o nivel de implicancias, y no con una perspectiva transversal. Sólo legislar y en materia laboral, puede tener como contrapartida la resistencia de grupos económicos que pueden considerar que estas políticas “dañan sus intereses”, restando adhesión a estas iniciativas.
Ahora bien, no cabe duda de que una mayor participación de las mujeres en el mercado del trabajo trae aparejada la inserción en el mundo público, por lo que se debe considerar en la incorporación del debate el enfoque de género como resultado de un proceso de largo aliento que afecta todos los hechos y ámbitos del quehacer transversalmente: legislación, educación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles, y no reducirlo solamente al ámbito de legislar, y en ciertas materias.
En el ámbito internacional, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer insta al Estado Parte[2] -en nuestro caso Chile- a que establezca objetivos y plazos específicos para acelerar la participación de la mujer en pie de igualdad en todos los niveles de la vida pública y política nacional e internacional. En el área de educación, el Comité manifiesta su preocupación por la desigualdad en el número de mujeres y niñas en disciplinas en las que han predominado tradicionalmente los hombres, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Finalmente, en el tema de empleo, el Comité da cuenta -con preocupación- de la desigualdad salarial por razón de género (un 22% en 2016) en los sectores públicos y privados, así como también la falta de una definición clara en la legislación vigente de lo que constituye la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
La estrategia de Transversalización del Enfoque de Género, instalada en las políticas púbicas, se utiliza para modificar la organización y gestión del sector público y, así, incorporar criterios de equidad de género en el desarrollo de políticas, asumiéndolo como un bien público que debe cruzar el quehacer de los distintos organismos del Estado[3]. Para el desarrollo de estos procesos se requiere que exista una interacción entre todas las instituciones, sectores y funcionarios involucrados, especialmente en la formación de estos últimos, a través de la entrega de las competencias necesarias para actuar desde un “enfoque de género”, con directrices técnicas claras.
En mi calidad de funcionaria pública, advierto empíricamente que estos enfoques de género en los organismos públicos se centran más bien en la entrega de la prestación de los servicios a los usuarios y usuarias, que en los procesos mismos al interior de la institución, faltando capacitaciones, infraestructura y la asignación de presupuesto.
Sobre la respuesta estatal a estos desafíos, Amnistía Internacional ha señalado que la inclusión de la equidad de género en la institucionalidad estatal es todavía muy débil, ya que los principales logros se evidencian en la esfera legislativa y en la validación de ciertos programas; sin embargo, dicha organización sostiene que “existen enormes dificultades para legislar en determinadas materias, llevar a la práctica disposiciones legales, ampliar o profundizar programas sociales, incorporar la dimensión de género en políticas sectoriales y en la gestión de las diversas entidades estatales”. (párrafo 58).
Se puede concluir que, en las últimas décadas, nuestro país ha avanzado en la consolidación e institucionalización del enfoque de género en las políticas públicas; sin embargo, es necesario avanzar más en este cambio cultural, de manera que permita construir una “Ciudadanía Paritaria”, definiéndola desde la deconstrucción del género de lo público y desde lo domestico, especialmente en este último ámbito, con estrategias frontales. Se necesita, entre otras medidas de las ya desarrolladas, fomentar la formación de una estructura institucional tendiente a la promoción de los derechos de las mujeres en Chile, y fortalecer la coordinación de los distintos sectores e instituciones para abordar con un enfoque integral los problemas específicos de las desigualdades entre hombres y mujeres. Descentralizar el enfoque de género, adaptando las políticas hacia todas las realidades locales y regionales, con políticas sectoriales, considerando en normativas, metodologías a especificidad de lo urbano, rural, etnias. Capacitar a los funcionarios públicos de las diversas instituciones en metodologías y normativas con enfoque de género en su acción habitual. Velar por el cumplimento de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en el quehacer integral del Gobierno. Y como estrategias más bien frontales, se necesita la inclusión de más mujeres en los puestos directivos y en los programas de formación profesional. Flexibilizar horarios de trabajo y/o permitir la reducción de la jornada laboral, propiciando el trabajo a distancia (teletrabajo).
Todas estas estrategias para lograr la igualdad de género y la participación de las mujeres requieren de transformaciones en valores, prácticas culturales y normas de la sociedad.
En este sentido, nuestra institución tiene aún un largo camino por recorrer…
“La igualdad de género requiere transformaciones en las tres dimensiones de la autonomía de las mujeres: en la física, en la política y en la económica. Sin embargo, los fenómenos de desigualdad de género requieren ser analizados en una perspectiva interrelacional, de manera de dar un salto cualitativo en la comprensión de los distintos mecanismos que se entrecruzan y generan o potencian la desigualdad entre hombres y mujeres”[4].
[1] https://minmujeryeg.gob.cl/
[2] Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Observaciones finales sobre el
séptimo informe periódico de Chile. CEDAW. 2018. Disponible en:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1157&Lan
g=en
[3] Género y políticas públicas: ¿camino a la transversalización?, Publicación Mayo 2011,
[4] Página www.oigcepal.org,,Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y El Caribe.
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