En su calidad de abogada laboralista, la presidenta nacional de nuestra Asociación de Funcionarios y Profesionales (AFUNPRO) de la CAJMETRO, Marcela Torres Acuña, ha participado en dos ocasiones en la Convención Constitucional.
En ambas oportunidades -la primera en agosto ante la Comisión de Derechos Humanos, y la segunda junto a nuestros directores Juan Ulloa, Hugo Gutiérrez, Lorena Aedo, Teresa Poblete y Mónica González, a fines de octubre pasado ante el convencional Manuel Woldarsky, de la Comisión de Justicia- Marcela Torres ha expuesto la postura de los abogados laboralistas de Chile, que se congregan en la asociación gremial AGAL, respecto de cómo debería quedar el acceso a la justicia laboral en la futura Constitución Política de la República, que se encuentra en proceso de creación.
Nuestra presidenta nacional ha planteado la necesidad de que haya un acceso a la justicia laboral en igualdad de condiciones, corrigiendo la asimetría entre empresas y trabajadores. “Actualmente, el acceso a la justicia enfrenta al usuario a una decisión basada no en la dignidad del reconocimiento de un derecho, tampoco en la concurrencia de antecedentes que justifiquen su pretensión y menos en remediar una injusticia”, explica.
También ha planteado la necesidad de que haya tribunales laborales suficientes en el país, con funcionarios y jueces especializados. “La saturación de los tribunales laborales ha decantado en la inviabilidad concreta para la duración máxima del proceso laboral, extendiéndolo desde los tres meses normativamente considerados hasta casi dos años”, señala Marcela Torres.
Otros aspectos “de nivel constitucional” destacados por la presidenta nacional de AFUNPRO son: la gratuidad de litigación como derecho fundamental; la pacificación decisoria y rol disciplinario a cargo de la Corte Suprema; el aseguramiento del cumplimiento de sentencias y evitar el fraude, y separar la justicia laboral de la previsional, entre otros aspectos.
Todas las propuestas elevadas por AFUNPRO han sido muy bien recibidas por la Convención Constitucional, de manera que vendrán nuevas oportunidades para seguir profundizando los planteamientos que pueden lograr que el acceso a la justicia sea mejor para todos los habitantes del país.
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