Sobre el proyecto de ley que crea un nuevo Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, hemos escrito desde hace varios años. Hoy por hoy, tras ser aprobado de forma unánime por la Cámara de Diputadas y Diputados, inició su segundo trámite legislativo.
La iniciativa, que se encuentra con urgencia suma, unificará las cuatro CAJs del país, creando una entidad descentralizada con directores en cada una de las 16 regiones, y no sólo entregará asesoría y patrocinio jurídico, sino también atención integral con apoyo social y psicológico. Para ello, agrupará los programas de atención a víctimas de delitos violentos con los que cuentan los ministerios de Justicia y Derechos Humanos a través de los CAVI, y de Interior y Seguridad Pública (PAV).
A continuación adjuntamos un documento que compara la legislación vigente con el texto acordado por la Cámara de Diputadas y Diputados, como asimismo una minuta enviada por nuestra AFUNPRO el pasado 8 de abril a los senadores y senadoras de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en que señalamos el contexto actual, nuestras aprensiones y las necesidades de solución ante el futuro nuevo escenario.
Entre ellas, que el proyecto "considere el presupuesto necesario para avanzar hacia un servicio moderno que cubra las necesidades de la población en su conjunto y responda los requerimientos y anhelos de quienes somos los principales operadores de este derecho fundamental: los y las funcionarias de las Corporaciones de Asistencia Judicial".
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