La Comisión del Senado ha iniciado el debate del proyecto de ley que que crea el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, ha informado de un fortalecimiento presupuestario para ello.
La información, compartida por la Unidad de Comunicaciones de la CAJMETRO, señala que, tras aprobarse por unanimidad en la Cámara de Diputados y Diputadas, la iniciativa comenzó su segundo trámite legislativo, en el Senado. En la oportunidad, el ministro Cordero presentó los ejes de la iniciativa, explicando que unifica las CAJs, centraliza el apoyo a víctimas de delitos y promueve la solución colaborativa de controversias mediante la mediación.
El secretario de Estado explicó el incremento presupuestario que ha tenido el proyecto de ley, que nació de una moción del gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera. “Se partió con $1.000 millones que el exministro Hernán Larraín logró duplicar, la Comisión de Constitución lo detuvo, debido a que los consideró insuficientes. El proyecto, si bien se detuvo, esta administración logró añadir $10.000 millones”, manifestó.
El proyecto ingresó a trámite en enero de 2021. Posteriormente, la administración del Presiente Gabriel Boric ingresó indicaciones, en diciembre de 2023, y elevó su presupuesto a 12 mil millones de pesos.
Nueve claves del proyecto
1. Reemplazará a las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), creando una entidad descentralizada y desconcentrada con directores en cada una de las 16 regiones.
2. Tendrá cobertura nacional y estará presente en todos los lugares donde haya un tribunal de justicia.
3. Reforzará la atención integral a víctimas de delitos, en particular los delitos violentos, lo que se constituirá en un pilar esencial en materia de seguridad ciudadana.
4. Otorgará representación universal a niños, niñas y adolescentes de acuerdo con la ley de garantías.
5. En el caso de la Defensoría de las Víctimas y de la representación a NNA se otorgará una atención integral que considere atención jurídica y psicosocial.
6. Propiciará y facilitará la solución colaborativa de conflictos, sin llegar a los tribunales.
7. Asesorará y representará a trabajadores y a adultos mayores cuyos derechos se vean vulnerados.
8. Asesorará en temáticas de Derechos Humanos en casos de normativas antidiscriminación, migración y abusos por parte de agentes del Estado.
9. El servicio estará sujeto a estándares que serán controlados con auditorías externas periódicas.
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