Postura de AFUNPRO frente al Proyecto SNAJ y Defensoría de Víctimas de Delitos

Hecho a espaldas de los funcionarios y sin presupuesto (la misma precariedad), no favorecerá el acceso a la justicia.

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El jueves 11 de marzo la Cámara de Diputados votará la idea de legislar respecto al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia (SNAJ) y la Defensoría de Víctimas.

Como Asociación de Funcionarios y Profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana (AFUNPRO), desde el comienzo manifestamos nuestras aprensiones en torno a cómo se gestó dicha iniciativa, especialmente por cuanto esta “nueva institucionalidad” que propone el ejecutivo, no contempla las diversas reivindicaciones funcionarias expuestas y defendidas por los trabajadores a lo largo de la existencia de las CAJs. Es decir, se anuncia una nueva institucionalidad, pero a espaldas de uno de los actores más relevantes de la misma: LOS FUNCIONARIOS, LOS TRABAJADORES DE LAS CAJs.

Por otro lado, el proyecto pretende crear una DEFENSORÍA DE VÍCTIMAS en las mismas condiciones de precariedad de infraestructura y de recursos que tenemos en la actualidad.

Como AFUNPRO, manifestamos nuestro rechazo a la propuesta en los términos planteados por el Ministerio de Justicia y, como expusimos en su oportunidad, creemos indispensable abordar previamente lo que se requiere en diversos ámbitos para comenzar a construir este Nuevo Servicio:

1.- Personal y Estatuto Aplicable.

2.- Estructura y Organigrama.

3.- Líneas de Acción y Cobertura.

Lo anterior, como aspectos puntuales del quehacer funcionario y del servicio, que son claro reflejo del panorama desigual que existe entre funcionarios de CAJs, y que pretenden refundir en un solo SERVICIO.

¿QUÉ ESPERÁBAMOS DE ESTE ANUNCIO?

- Un proyecto robusto con contenido básico en normas que consideraran carrera funcionaria, política de gestión de personas -inexistentes en las CAJs-, jornada única, infraestructura y homologación, entre otros.

- Un proyecto con un presupuesto acorde a las líneas de acción y a las expectativas de cobertura, de tal forma de hacer efectivo el mandato constitucional de acceso a la justicia en todo ámbito.

NO PODEMOS ESPERAR QUE SE LEGISLE. ¡DEBE SER UNA PRIORIDAD YA! Por todas las razones anteriores, en resumen, nos atrevemos a pedir a nuestras máximas autoridades, lo siguiente:

A los/as parlamentarios/as, en especial de la Cámara de Diputados y su Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y a las autoridades intervinientes:

Que consideren lo planteado tanto por la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) como por nuestra asociación (AFUNPRO), pues este proyecto, así como está redactado, no responde a las necesidades de los funcionarios ni a las pretensiones de los usuarios, que merecen un mejor servicio.  

Bajo el popular anuncio de la creación de un servicio y una defensoría de víctimas, se va a precarizar la atención a los usuarios que ya son parte del sistema, al no contar con mayor presupuesto y al no contener una política clara de gestión de personal.

Ahora bien, considerando que de aprobarse la idea de legislar en torno a este proyecto, que esperamos no ocurra en las condiciones actuales, es imperativo estudiarlo en detalle, pues, como lo señalamos, no contiene en su normativa definiciones importantes para todos nosotros, los funcionarios/as, como tampoco otras buenas propuestas de fortalecimiento institucional que no pueden desatenderse, siendo inevitable y necesario distinguir entre unos y otras, considerando en la solución técnica a ambos planteamientos: dar solución tanto a las reivindicaciones funcionarias, como el fortalecimiento institucional.

ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS Y PROFESIONALES DE LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL (AFUNPRO).

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