Los directorios Nacional y regionales de nuestra Asociación de Funcionarios y Profesionales (AFUNPRO) de la CAJMETRO rechazan categóricamente las designaciones de curador ad litem que han sido impuestas a funcionarios/as de los centros jurídicos sociales (CJS) de la Corporación, con expresas instrucciones de aceptar dichos nombramientos realizados por el Tribunal Oral en lo Penal (TOP).
En carta enviada al director general de CAJMETRO, los directivos de AFUNPRO manifiestan su preocupación, ya que estás designaciones se realizan “sin que previamente existan lineamientos claros en este ámbito de actuar”, que además “sobrepasa las competencias de los CJS, que no tienen expertize en materias penales; es decir, los profesionales de dichas unidades jamás han tenido capacitación en la materia y menos han tramitado en dicha sede, puesto que desde siempre han trabajado dentro de la esfera de las materias civiles y/o de familia”.
Las directivas de AFUNPRO manifiestan que “habiendo analizado lo expuesto por nuestros compañeros y compañeras de CAJ, entendemos que es indispensable excusarse de asumir dicha representación”, la que no solamente “excede las competencias y las obligaciones contractuales de los funcionarios y funcionarias”, sino que también pone “en serio riesgo la calidad de defensa que se pueda brindar a estas personas”, al no contar con profesionales expertos ni con tiempo para destinar al estudio de dichas causas.
“Una instrucción en contrario es atentar contra el debido ejercicio de defensa letrada de las personas a quienes se supone representaremos, como también contra nuestro quehacer institucional, con abierta infracción a nuestros contratos de trabajo”, concluyen los directores.
Comentarios
Sobre designaciones
Como para novela de García Márquez nuestra realidad. Somos el servicio más maltratado, más postergado, del sector Justicia. El servicio al cual siempre se le plantean nuevas exigencias.....bajo las mismas condiciones contractuales de sueldo y los mismos (paupérrimos) recursos desde el Estado.
Somos EL servicio de asistencia jurídica del país. Atendemos a la población más vulnerables haciendo verdadero malabarismo profesional para brindarles un mínimo de dignidad y de calidad en sus demandas de justicia. Como contraparte, un Estado que hasta la fecha ha sido totalmente incapaz, sordo, ciego y mudo para relevar en toda su enorme dimensión nuestro cometido. Todos los años mendigando las migajas que desde otras carteras nos puedan o quieran entregar para, en lo estricto, apenas mantener "funcionando" el servicio. Y todos los años, con verdadero estupor, vemos cómo suben los indicadores y metas para la gestión del período siguiente, con la espada ondulado encima de nuestras cabezas en caso de no cumplir con ellas y, de paso, quedarnos sin bono; un bono que costó sangre, sudor y lágrimas obtener. Subida de exigencias con iguales o menos recursos. ¿Es para novela, no?
Y además, estos eternos efectismos de la gestión pública de tirar programas, leyes, nuevos servicios, sin respaldo metodológico y sin saber siquiera si existe la capacidad instalada y los recursos suficientes para asumir sus "ocurrencias" como ahora esto de que se tenga que asumir curadurías desde sede penal. Chambonada tras chambobada y, como siempre, la pobre CAJ tratando de atajar todos los tiros al arco.
Inaceptable. Indignante.
