En la ciudad de Santa Cruz, nuestros directores de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, Natalia Arriaza y Jorge Muñoz, junto al dirigente nacional Hugo Gutiérrez, sostuvieron una fructífera reunión con la diputada Carla Morales, a quien compartieron la visión de AFUNPRO respecto de los temas de alta preocupación funcionaria de la CAJMETRO que hemos señalado en el último tiempo: Proyecto de Ley que reestructurará la CAJ y creará el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas (SNAJ-DV); la línea “La Niñez y Adolescencia se Defienden” (NAD), y la situación crítica de otros centros laborales, como los CSJ.
En la oportunidad, y junto con socializar a la parlamentaria el quehacer de nuestro colectivo, los dirigentes abordaron la preocupación funcionaria respecto del SNAJ-DV y su tramitación, en orden a que este nuevo servicio cumpla con estándares muy distintos a lo existente en la actualidad y que cuente con presupuesto, materia en que AFUNPRO carece de injerencia, toda vez que la CAJ es un programa y no tiene capítulo propio en la partida del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJU). Así, nuestra asociación se informa de materias presupuestarias solamente cuando éstas ingresan al Congreso. A este respecto, la diputada Carla Morales, quien valoró conocer la realidad de nuestras funcionarias y funcionarios (y que se extienden a la comunidad usuaria), se comprometió a que, una vez terminado el receso parlamentario, gestionará una reunión con otros diputados a fin de tener un bloque y una mesa de conversación previo al inicio del trabajo de las comisiones.
En materia de la línea especializada NAD, que es primera prioridad por el colapso ante el aumento exponencial del número de causas que los funcionarios deben atender (promedio de 600 causas por abogado), se expuso a la diputada Morales que la realidad es que ello supone un trabajo de entre 12 y 15 horas diarias para poder cubrir las designaciones como curadores y el trabajo con el flujo de proceso de cada caso, como entrevistas de familia, audiencias, visitas por emergencias y labores administrativas, incluyendo el ingreso de la información a SAJ. La parlamentaria consultó acerca del presupuesto y los nudos críticos respecto de esta línea, observando falta de dotación, de lineamientos técnicos y de adecuada coordinación intra e interinstitucional para atender de buena forma las causas y, en definitiva, avanzar respecto a la reparación y restitución de derechos.
Finalmente, nuestros directivos abordaron la deficiente infraestructura de los Centros Socio Jurídicos (CSJ), que no tienen las condiciones mínimas para trabajar y atender de forma digna a los usuarios. En efecto, los CSJ cuentan con la misma dotación de hace décadas (sólo con eventuales cargos APG que no superan los 12 meses en funciones) y sin la infraestructura mínima necesaria para brindar una atención digna y oportuna a las usuarias y usuarios, especialmente a los más vulnerables.
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